El actual Gobierno de Castilla-La Mancha desde que tomara posesión en junio
de 2011, dejó de pagar lo que adeudaba a muchas organizaciones sociales,
educativas, universidad, farmacéuticos, dependientes, etc. y especialmente los
grandes acreedores de la Junta han sido los ayuntamientos de nuestra comunidad
autónoma.
Los consistorios castellano-manchegos, de todo signo y color político, vieron
como desde un principio el Gobierno de Cospedal les sometía durante meses a una
asfixia económica sin precedentes, negándoles los fondos para mantener
servicios que prestaban a los ciudadanos, muchos de ellos de competencia de la
propia administración regional.
Durante estos
meses, los ayuntamientos se han visto obligados a suprimir o reducir de manera
importante servicios como la Ayuda a Domicilio, las guarderías, las ludotecas,
la teleasistencia, las viviendas de mayores, los centros de la Mujer, etc. y a
despedir a muchos trabajadores que desempeñaban sus funciones en estos centros.
Estos impagos continuados en el tiempo
han llevado a los consistorios a situaciones críticas. Muchos empleados municipales
han sufrido el retraso en el pago de sus nóminas; muchos proveedores – en su
mayoría pequeñas y medianas empresas- no han podido cobrar los que se les
adeuda; colectivos sociales acumulan meses sin cobrar y se ha llegado incluso a
situaciones alarmantes en cuestiones tan básicas como la alimentación o la
calefacción en centros educativos, de mayores, etc.
En el último mes, cuando la Junta ha comenzado a pagar algunas de sus
deudas con las administraciones locales, hemos podido comprobar que se está produciendo
una situación como es el hecho de que la Junta, en clave netamente partidista,
esté librando cantidades significativas a los Ayuntamientos gobernados por el
PP, en perjuicio de las corporaciones y por ende de los ciudadanos de los
ciudadanos de poblaciones con Alcalde socialista.
Esta situación se ha visto agravada durante los primeros días de este mes
de enero, cuando se ha podido comprobar que la Junta ha destinado una
importante cantidad de dinero a ayuntamientos del PP, siendo puramente simbólica
la cantidad destinada a los consistorios socialistas, que suman más de 450 en
toda la Región.
Por todo ello, el Congreso
Provincial del Partido Socialista de Toledo reunido el domingo 22 de enero, aprueba la
siguiente:
Resolución
1.- Exigimos al Gobierno de Castilla-La Mancha que cese de manera inmediata
esta persecución, discriminación y
política sectaria contra los ayuntamientos gobernados por el PSOE y proceda a
una distribución de los recursos de manera equilibrada y racional, pensando en todos
los ciudadanos y no en los intereses partidistas del PP.
2.- Estudiar y presentar en su caso, reclamaciones judiciales exigiendo el
pago de intereses de demora si en un plazo razonable no se normaliza esta
situación.
